La 69 Legislatura de Chiapas aprobó una reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral para establecer la violencia política contra las mujeres en razón de género como causal específica de nulidad de una elección, siempre que los actos sean graves, generalizados y determinantes para el resultado.
La modificación también contempla que los partidos políticos o candidaturas responsables de esas conductas no podrán participar en la elección extraordinaria que se convoque como consecuencia de la nulidad. Con ello, el Congreso estatal busca reforzar las sanciones contra quienes obstaculicen o menoscaben la participación política de las mujeres.
Presunción de determinancia cuando la diferencia sea menor al 5 por ciento
Uno de los principales cambios establece que la violencia política de género se presumirá determinante para el resultado cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento de la votación.
La reforma señala que las violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. La nulidad, por tanto, dependerá de que la autoridad competente compruebe la gravedad, generalización y determinancia de los actos denunciados.
Restricciones para personas sancionadas
El nuevo marco también armoniza la legislación electoral de Chiapas con las disposiciones federales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las personas que cuenten con una sentencia firme por este tipo de violencia quedarán suspendidas de sus derechos político-electorales durante la vigencia de la sanción. En ese periodo no podrán ser postuladas como candidatas ni ocupar cargos públicos.
Participantes en la iniciativa
La iniciativa fue elaborada por las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, integrantes de la 69 Legislatura.
En el proyecto también participaron la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Magali Anabel Arellano Córdova; la exconsejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez, y María Teresa Olvera Caballero, presidenta de la Red de Paridad de Género.
El proceso legislativo contó asimismo con el acompañamiento del magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén.
La reforma establece consecuencias en la validez de los procesos electorales cuando la violencia política de género afecte de manera sustancial la contienda y el resultado de las urnas.