Habitantes de la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide, Guanajuato, expresaron su preocupación por vivir junto a una terminal de almacenamiento de combustible donde la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el 17 de septiembre 10 tanques, tres pipas y 59 millones 36 mil 870 litros de presunto hidrocarburo.
La localidad se encuentra a unos 14 kilómetros de la cabecera municipal y cuenta con aproximadamente 400 habitantes. Algunas viviendas están a menos de seis metros de la barda perimetral del complejo operado por Gas Natural del Noroeste (GNN), empresa perteneciente al Grupo SIMSA.
Un operativo que cambió la rutina de la comunidad
El cateo fue ejecutado con una orden autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Paz del estado y de la Guardia Nacional. La investigación continúa para determinar el origen y la situación legal del combustible asegurado.
El aseguramiento incluyó hidrocarburos con características de gasolina regular, gasolina premium y diésel. La indagatoria se habría originado después de la detención, en julio, de una persona que presuntamente transportaba diésel sin acreditar la trazabilidad del producto.
Tras la intervención federal, habitantes y autoridades comunitarias observaron una disminución en el movimiento habitual de pipas y ferrocarriles en la terminal. Sin embargo, la empresa reabrió sus puertas días después y mantiene personal operativo en el lugar, mientras las autoridades federales sostienen que las investigaciones siguen abiertas.
Vecinos piden una ruta de evacuación
Para los pobladores, el principal riesgo es la cercanía entre la planta y las viviendas. Salvador, uno de los habitantes, advirtió que una explosión podría afectar a La Fragua y a las comunidades cercanas, mientras María señaló que los vecinos no tienen claridad sobre hacia dónde dirigirse en caso de una emergencia.
Julio Mejía, delegado electo de la comunidad, explicó que el punto de reunión previsto para una eventual evacuación se encuentra a unos 900 metros de la terminal. Según su planteamiento, la distancia sería menor a la establecida por la normativa federal para este tipo de instalaciones, por lo que pidió revisar las medidas de protección para la población.
La comunidad busca establecer una ruta de evacuación con señalamientos y capacitación para habitantes, docentes y estudiantes. El plan contempla la participación de Protección Civil y de cuerpos de bomberos para explicar qué hacer ante un incendio, una fuga u otra emergencia relacionada con el almacenamiento de combustibles.
La empresa afirma que cuenta con permisos
En lonas colocadas en el exterior de la terminal, GNN asegura que opera conforme a los lineamientos de seguridad y menciona permisos de almacenamiento de petrolíferos, autorizaciones ambientales, licencia municipal de uso de suelo y vistos buenos de Protección Civil y medio ambiente.
La empresa también refiere los permisos de almacenamiento identificados con los números PL/19344/ALM/2016 y RES/885/2016. No obstante, los habitantes solicitan que las autoridades verifiquen las condiciones de operación y garanticen medidas concretas para proteger a la población.
Durante recorridos realizados el 29 y 30 de septiembre en el exterior de la terminal se observó poca actividad de pipas. La comunidad espera conocer si la planta continuará operando y, en ese caso, exige una mayor coordinación con la empresa y el gobierno para mejorar la seguridad y atender las necesidades de La Fragua.