La Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación sobre el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide, Guanajuato, luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportara anomalías en el operativo realizado semanas antes de su anuncio público.
El caso, presentado inicialmente como un megadecomiso de presunto huachicol, todavía no permite establecer que la totalidad del hidrocarburo tuviera un origen ilícito. La autoridad federal revisa la documentación, los permisos y la trazabilidad financiera y fiscal de las empresas vinculadas con el almacenamiento del combustible.
Tres acciones derivaron en el aseguramiento
De acuerdo con la información oficial, la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, después de que un conductor no acreditara la procedencia de una pipa con aproximadamente 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz.
Posteriormente se realizaron tres acciones de investigación: la primera en una gasolinera de San Luis de la Paz; la segunda en un inmueble de despacho de Gas L.P. en Dolores Hidalgo; y la tercera en una instalación ubicada en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide.
En los cateos también fueron aseguradas siete unidades de transporte, 10 contenedores cilíndricos y una caja con documentación contable.
La distribución del combustible asegurado
| Producto | Volumen reportado |
|---|---|
| Gasolina regular | 33 millones 504 mil 067.406 litros |
| Gasolina premium | 7 millones 266 mil 813.6174 litros |
| Diésel | 18 millones 265 mil 989.504 litros |
La suma reportada por la Fiscalía asciende a más de 59 millones de litros de gasolina regular, gasolina premium y diésel. Sin embargo, la autoridad aún debe determinar si el combustible fue robado, ingresó ilegalmente al país o contaba con documentación válida.
FEMDO atrae la investigación
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo la carpeta de investigación después de que se reportaran irregularidades en el cateo realizado en San José de Iturbide. El expediente contempla posibles delitos previstos en la legislación sobre hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación.
La Fiscalía también analiza la información entregada por empresas relacionadas con la terminal, entre ellas Grupo Simsa, que sostuvo que opera conforme a la ley y que proporcionó documentación sobre sus actividades y el almacenamiento de petrolíferos.
Autoridades reconocen inconsistencias
Durante una conferencia realizada el 25 de septiembre de 2026, García Harfuch señaló que el operativo se efectuó semanas antes de que fuera informado públicamente y que no se verificó toda la información relacionada con las empresas presuntamente vinculadas.
El secretario indicó que se detectaron anomalías y relacionó el caso con la salida del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala. No obstante, la situación administrativa del funcionario generó versiones encontradas y la investigación sobre el combustible continúa abierta.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el procedimiento todavía no concluye y que la FGR revisa si las operaciones de la empresa se encontraban dentro del marco de los permisos autorizados. Por ahora, el origen y la legalidad del hidrocarburo siguen sujetos a comprobación ministerial.