La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener vigente la reforma electoral estatal que contempla anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado y limitar la participación de personas vinculadas con actividades delictivas.
En un video difundido el lunes 28 de septiembre de 2026, la mandataria sostuvo que la modificación aprobada por el Congreso de Chihuahua responde a un problema que, según afirmó, se ha presentado en distintas entidades del país, donde grupos criminales pueden influir en el registro de candidaturas, las campañas y los resultados electorales.
La reforma será revisada por la Corte
Campos señaló que el Pleno de la Suprema Corte tiene previsto resolver el asunto el martes 29 de septiembre. La gobernadora acusó que, después de que la reforma fue aprobada por el Congreso local, se promovió una acción ante el máximo tribunal para impugnar sus disposiciones.
De acuerdo con la mandataria, todas las fuerzas políticas del Congreso estatal respaldaron la reforma, con excepción de Morena. La legislación establece, entre otras medidas, la posibilidad de invalidar una elección si se acredita la intervención del crimen organizado y restringir candidaturas relacionadas con grupos delictivos.
“Que el voto se decida en las urnas”
Durante su mensaje, Maru Campos afirmó que el debate ante la Suprema Corte trasciende un artículo de la legislación estatal, pues involucra los alcances que puede tener un estado para proteger sus procesos electorales frente a la delincuencia organizada.
“Lo que está en juego es que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, expresó la gobernadora al referirse a la resolución que deberá emitir el Pleno.
Campos también pidió a las ministras y los ministros confirmar la reforma completa y afirmó que la protección del voto de los habitantes de Chihuahua representa una obligación para su gobierno.
La resolución prevista para el 29 de septiembre definirá el futuro de las disposiciones electorales impugnadas y establecerá el alcance de las medidas aprobadas en Chihuahua contra la intervención del crimen organizado en los comicios.