Rubén Rocha Moya retomó el ejercicio de la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días separado del cargo. Su regreso ocurre mientras continúa la controversia derivada de las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos y de la investigación relacionada con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén.
El mandatario solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026, dos días después de que autoridades estadounidenses hicieran públicas acusaciones contra él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. El Congreso estatal autorizó la separación y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
Rubén Rocha Moya
Rocha Moya asumió la gubernatura de Sinaloa en noviembre de 2021. En medio de la investigación, negó haber participado en la reunión en la que presuntamente fueron citados El Mayo Zambada y Cuén Ojeda, y rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado.
Al solicitar licencia, sostuvo que su separación permitiría que las instituciones desarrollaran las investigaciones sin que él permaneciera al frente del Ejecutivo estatal. Durante el periodo de ausencia compareció ante autoridades mexicanas en calidad de testigo, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.
Ismael “El Mayo” Zambada
El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada fue detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La captura fue presentada como resultado de una operación en la que, según una carta atribuida a Zambada, habría sido trasladado contra su voluntad tras acudir a una reunión en Sinaloa.
Héctor Melesio Cuén Ojeda
Ese mismo día fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dirigente del Partido Sinaloense y entonces diputado federal electo por el PRI.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó inicialmente que Cuén había sido víctima de un intento de robo de su camioneta. Posteriormente, la Fiscalía General de la República señaló inconsistencias y estableció que el homicidio ocurrió en la misma finca donde presuntamente fue privado de la libertad El Mayo.
La carta atribuida a Zambada
El 10 de agosto de 2024, el abogado de Zambada difundió una carta atribuida al capo. En el documento se afirmó que el encuentro en el Rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán, tenía como propósito ayudar a resolver diferencias entre Rocha Moya y Cuén Ojeda por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La versión también sostuvo que Joaquín Guzmán López habría preparado la reunión para emboscar y trasladar a Zambada a Estados Unidos, y que Cuén Ojeda fue asesinado en el mismo lugar y momento en que ocurrió el secuestro. Rocha Moya negó haber estado en la reunión y afirmó que ese día no se encontraba en Sinaloa.
La investigación en Sinaloa
La revisión de la investigación estatal sobre el asesinato de Cuén provocó la renuncia de Sara Bruna Quiñónez como fiscal de Sinaloa el 16 de agosto de 2024. Su salida ocurrió después de que la Fiscalía General de la República detectara omisiones e inconsistencias en la indagatoria inicial.
Las acusaciones de Estados Unidos
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la presentación de cargos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
Según la acusación estadounidense, los señalados habrían colaborado con líderes de Los Chapitos a cambio de apoyo político, protección institucional y sobornos. El documento precisa que se trata de alegaciones y que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se determine su responsabilidad ante un tribunal.
Yeraldine Bonilla Valverde
Tras la licencia de Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina de Sinaloa el 2 de mayo de 2026, luego de rendir protesta ante el Congreso estatal. Permaneció en el cargo durante los 112 días que duró la separación temporal del gobernador.
Con el regreso de Rocha Moya, Bonilla Valverde dejó la gubernatura interina y retomó sus funciones dentro de la administración estatal. El caso mantiene abiertas las discusiones políticas y jurídicas sobre las acusaciones estadounidenses y los hechos ocurridos en julio de 2024.

