El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha revocado más de 250 mil visas desde que Donald Trump inició su segundo mandato, en enero de 2025. La medida alcanza a personas señaladas por violar las condiciones de sus permisos, cometer delitos, defraudar a ciudadanos estadounidenses, abusar del sistema migratorio o representar riesgos para la seguridad nacional.
La cifra fue presentada por el gobierno estadounidense como un resultado histórico de su política de revisión continua de extranjeros con visas vigentes. De acuerdo con la información difundida, alrededor de 2 mil 300 cancelaciones estarían relacionadas con casos de turismo de maternidad.
El gobierno considera la visa un privilegio
La administración de Trump sostiene que una visa estadounidense es un privilegio y no un derecho. Bajo ese argumento, las autoridades han intensificado la evaluación de quienes ingresan al país con permisos de no inmigrante y posteriormente incurren en conductas que, según el Departamento de Estado, contradicen los términos de su autorización.
Entre los motivos mencionados por las autoridades también se encuentran los llamados a la violencia contra Estados Unidos o sus ciudadanos, el apoyo al terrorismo y otras acciones consideradas contrarias a la seguridad nacional.
Cancelaciones a funcionarios y empresarios latinoamericanos
En una medida adicional, Estados Unidos canceló visas de jueces, funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Departamento de Estado los acusa de posibles actos de corrupción, vínculos con el narcotráfico o intentos de interferir en los gobiernos de sus respectivos países.
La lista incluye, según el reporte oficial citado, a magistrados, fiscales, altos mandos policiales, legisladores y empresarios. Las acusaciones corresponden a las autoridades estadounidenses y no implican por sí mismas una condena judicial.
Revisión de visas y solicitudes de asilo
El gobierno estadounidense también anunció una revisión de visas de negocios y turismo pertenecientes a extranjeros que ingresaron al país como visitantes y posteriormente solicitaron asilo. Las autoridades consideran que solicitar una protección migratoria con el propósito inicial de permanecer de manera permanente podría constituir un uso indebido del permiso.
La política forma parte del endurecimiento migratorio impulsado durante el segundo mandato de Trump. El Departamento de Estado mantiene la revisión de los casos y advierte que las visas pueden ser canceladas cuando sus titulares incumplen las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.