El gobierno de Estados Unidos impuso el 18 de agosto de 2026 sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el fiscal senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal de juicios del tribunal, por su participación en investigaciones y procesos relacionados con funcionarios de países que no reconocen la jurisdicción de la corte.
Las medidas fueron anunciadas por el Departamento de Estado y acompañadas por la inclusión de ambos funcionarios en la lista de personas especialmente designadas y bloqueadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Esto implica el bloqueo de bienes e intereses en bienes sujetos a jurisdicción estadounidense.
Washington acusa a la CPI de exceder sus funciones
El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la CPI como un tribunal supranacional corrupto y politizado. También sostuvo que la corte abusó de su autoridad al investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no han aceptado su jurisdicción.
Rubio afirmó que la campaña del gobierno estadounidense para desmantelar lo que considera una amenaza contra la soberanía nacional será amplia, y llamó a los países miembros de la CPI a terminar con su financiamiento y participación en el tribunal.
La CPI defiende su independencia
La Corte Penal Internacional rechazó las sanciones y afirmó que socavan el Estado de derecho. El tribunal señaló que cuando se amenaza a actores judiciales por aplicar la ley, el orden jurídico internacional queda en riesgo.
Akane, de nacionalidad japonesa, preside la CPI en un momento en que el tribunal mantiene investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos durante la ofensiva de Israel en Gaza. Seye, de Senegal, participa en las labores de investigación y litigio de la corte.
Una nueva escalada contra el tribunal internacional
Las sanciones forman parte de una serie de medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump contra integrantes de la CPI. Washington sostiene que el tribunal ha intentado ejercer autoridad sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes, pese a que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma.
La CPI fue creada en 2002 para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Con sede en La Haya, el tribunal argumenta que su mandato busca evitar la impunidad frente a las atrocidades más graves cuando los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigarlas.
El enfrentamiento entre Washington y la corte vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre la soberanía de los Estados, la jurisdicción internacional y la responsabilidad por presuntos crímenes cometidos durante conflictos armados.