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Baja California revisará contratos con empresas señaladas por Estados Unidos

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó el 1 de octubre de 2026 una revisión exhaustiva de los contratos celebrados por el Gobierno estatal con personas o empresas incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Oficialía Mayor deberá verificar si existieron relaciones contractuales con las entidades señaladas y, en caso de encontrar expedientes relacionados, remitirlos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones correspondientes conforme a la ley.

Como medida preventiva, las personas físicas o morales señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no podrán participar en nuevas licitaciones estatales mientras no aclaren su situación jurídica ante las instancias competentes.

Ávila Olmeda sostuvo que el Gobierno estatal no encubrirá a nadie ni prejuzgará sobre la responsabilidad de las empresas o personas mencionadas. La revisión, explicó, busca esclarecer los hechos mediante documentos y con disposición para colaborar con las autoridades correspondientes.

La mandataria señaló que los contratos fueron adjudicados con base en la información disponible, los registros del padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes al momento de cada procedimiento. De acuerdo con esa explicación, cuando se celebraron los actos administrativos no existía una inhabilitación, sanción previa o impedimento legal conocido que impidiera las contrataciones.

Los contratos mencionados corresponden a servicios de equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento operativo. La revisión también deberá determinar si existió alguna vulneración o riesgo operativo o patrimonial para la administración estatal.

El Gobierno de Baja California precisó que organismos con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa, como la Fiscalía General del Estado, llevan a cabo sus propios procesos de compra y resguardo documental.