A un año de haber sido desplazadas por un ataque armado atribuido a habitantes de Santa María Yolotepec, 225 personas de la comunidad de Buenavista, perteneciente a Santiago Yosondúa, Oaxaca, continúan sin poder regresar a sus hogares. Las familias permanecen en un área de la azotea del palacio municipal y en casas de parientes, mientras autoridades municipales y comunales solicitan una intervención que permita un retorno seguro.
El desplazamiento ocurrió en agosto de 2025, cuando pobladores de Santa María Yolotepec irrumpieron en Buenavista durante un conflicto territorial. Las autoridades de la comunidad señalan que en ese episodio fueron incendiadas viviendas y vehículos, además de que las familias abandonaron tierras, animales, cosechas y otros bienes para protegerse de la violencia.
Un año lejos de sus viviendas
Las personas afectadas integran 86 núcleos familiares y han tenido que modificar sus condiciones de vida desde que salieron de la localidad. Algunas duermen en la azotea del palacio municipal, parcialmente cubierta con láminas, mientras otras reciben alojamiento temporal con familiares.
En el espacio habilitado para su permanencia, las familias preparan alimentos y lavan su ropa con recursos limitados. También dependen de la ayuda proporcionada por autoridades municipales y habitantes de Santiago Yosondúa para cubrir necesidades básicas.
Piden garantías para regresar
Las autoridades comunitarias y municipales han solicitado la coordinación de instancias estatales y federales para proteger a las familias desplazadas y establecer las condiciones necesarias para un retorno paulatino. Su petición incluye atención a la seguridad, recuperación de sus bienes y esclarecimiento de los hechos violentos.
El conflicto entre Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa está relacionado con una disputa territorial que se ha prolongado durante décadas. Aunque existen antecedentes agrarios y resoluciones sobre la superficie en controversia, la confrontación escaló con la incursión armada y el desplazamiento de la población de Buenavista.
Las familias insisten en que permanecer un año fuera de sus hogares no debe normalizarse y demandan una solución que les permita vivir nuevamente en su comunidad sin temor a nuevas agresiones.